Un sistema interno de protección de la infancia es mucho más que un conjunto de documentos sobre el papel. Para garantizar entornos verdaderamente seguros, debe representar una transformación de la cultura institucional. Esta fue una de las principales conclusiones extraídas de la jornada “Deporte y Derecho para el futuro: ética, valores e impacto positivo”, organizada el pasado 3 de septiembre de 2026 en Barcelona por Sports Law Hub en colaboración con INDESCAT.
En dicho encuentro, F. Javier Romeo Biedma, psicólogo y experto en protección de la infancia, abordó las claves para adaptar las entidades deportivas al marco legal vigente. Su intervención se fundamentó en su amplia trayectoria asesorando a diversas organizaciones en la materia, entre ellas el Futbol Club Barcelona y la Fundación Barça en la implantación de su propia estructura de protección.
Tomando como base su ponencia en la jornada, desde Sports Law Hub analizamos el marco normativo de la LOPIVI y los pilares para estructurar un sistema interno eficaz, desgranando las 12 medidas que componen un modelo organizativo de referencia en el sector deportivo.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) marca un antes y un después en el ordenamiento jurídico. En su artículo 1, la ley establece como objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica y moral, exigiendo una protección integral con medidas globales de de prevención, detección precoz y protección.
Asimismo, el artículo 3.m de la LOPIVI define el concepto de entornos seguros, instando a todas las entidades que trabajan con menores a desplegar los protocolos y mecanismos necesarios para promover ambientes protectores en el ámbito físico, psicológico, social y digital.
En este contexto, es fundamental diferenciar el Sistema oficial de Protección de la Infancia (integrado por las administraciones públicas, los Servicios Sociales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal y el sistema judicial) de los llamados sistemas internos de protección, configurados por las propias entidades (clubes deportivos, colegios, centros culturales o de ocio) para constituirse en entornos seguros.
De acuerdo con F. Javier Romeo, definir cómo nombrar estos dos niveles no es una mera cuestión semántica, sino un aspecto fundamental para evitar un error muy común: que una entidad deportiva pretenda asumirlo todo y se considere a sí misma suficiente para abordar de forma aislada el proceso de protección de un menor. Un sistema interno debe articular en su propia estructura mecanismos claros de derivación, colaboración y coordinación con las administraciones públicas competentes.
Para aterrizar estas exigencias legales a la realidad cotidiana de cualquier organización deportiva se necesitan herramientas concretas. Un buen ejemplo de cómo llevar esta teoría a la práctica es el modelo del Futbol Club Barcelona y la Fundación Barça, que propone articular su sistema, siguiendo los estándares internacionales, en torno a 12 medidas:
Cabe destacar que, junto a estas doce medidas constitutivas del sistema, el modelo incorpora la exigencia de cumplimiento a terceros (proveedores y entidades colaboradoras) para que dispongan de niveles equivalentes de protección. Más que un elemento estructural en sí mismo, esta cláusula actúa como una medida práctica indispensable para garantizar la implementación efectiva del sistema en todas las actividades e instalaciones en las que participa el club.
Destacan tres pilares analizados durante la jornada con F. Javier Romeo que cualquier entidad deportiva debe tener en cuenta:
El Código de Conducta no solo fija las acciones obligatorias y prohibidas en el trato con los menores, sino que actúa como una herramienta de protección para los propios profesionales. Al seguir pautas claras, se reducen drásticamente las situaciones de ambigüedad o riesgo para el equipo humano de la entidad.
El artículo 16.2 de la LOPIVI establece que cualquier profesional que advierta indicios de una posible situación de violencia sobre un menor tiene el deber de comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes o, si la salud o seguridad está amenazada, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal.
Uno de los errores más frecuentes en las organizaciones es la tentación de investigar internamente los hechos. Sin embargo, el papel de la entidad deportiva debe limitarse estrictamente a:
Queda constatado que construir un entorno seguro en el deporte exige ir más allá de los trámites puramente normativos o de la creación de protocolos formales. Implica un compromiso real por parte de las directivas, dotar de recursos a los equipos y fomentar un aprendizaje constante que capacite a las organizaciones para actuar de forma rigurosa y transparente.
Desde Sports Law Hub, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a F. Javier Romeo por su generosidad al compartir su conocimiento durante la jornada con INDESCAT y por cedernos su material de presentación como fuente de inspiración para este análisis.
Si quieres profundizar en las implicaciones jurídicas, transferencias y regulación contractual que afectan a los jóvenes talentos en el fútbol de élite, te invitamos a leer nuestro análisis sobre la protección de menores en el fútbol profesional.
Nota: Este artículo recoge nuestras reflexiones sobre el marco protector en el derecho del deporte y ha sido revisado previamente por F. Javier Romeo para garantizar la rigurosidad de las ideas y conceptos expuestos.
Para un abogado en activo, adentrarse en la industria del deporte pensando que se trata de aplicar el derecho civil o laboral es un error de partida. Si nos preguntamos qué es el derecho deportivo, la respuesta va mucho más allá de la gestión de contratos de patrocinio o la redacción de estatutos.
El caso Matuzalem (TAS 2008/A/1519 y 1520) representa un punto de inflexión histórico en el derecho deportivo internacional. Redefinió la forma en que se calcula la indemnización económica por la rescisión unilateral del contrato sin justa causa en virtud del Artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA.
